noviembre 25, 2020

El debate de los Fondos Previsionales [ por Alejandro Moya ]

por Alejandro Moya Hernández – 17 de julio 

El 18 de octubre de 2019 “Chile Despertó”. Después de un largo letargo exacerbado por campañas oficialistas y con el coro de los medios de comunicación en manos de empresarios y élite dominante. Despertó cuando el nivel de articulación entre la economía y la sociedad ya no funcionó, dando paso a un malestar que se manifiesta en el estallido social provocado no por “$30 sino que por 30 años”; quedó en evidencia que el modelo había fracasado, además de lo económico, en producir bienestar social y legitimidad. Este falló justamente donde una sociedad no puede fallar, en: La educación, la salud, las pensiones, la vivienda, la seguridad ciudadana y la incorporación al desarrollo. Posteriormente, en el 2020, con el comienzo de la pandemia quedó dramáticamente en evidencia la precariedad económica, sanitaria, laboral y habitacional que la ciudadanía denunció a través de la persistente revuelta social.

Como respuesta a la situación que viven hoy los chilenos, las autoridades en general y el gobierno en particular han dados respuestas insuficientes y tardías, mayoritariamente desde su lógica neoliberal, en donde las personas deben sacrificar sus ahorros, como el mal llamado “Plan de Protección al Empleo”, en el cual le rebajan las obligaciones contractuales a las empresas y son los trabajadores los que deben financiar sus remuneraciones haciendo uso de sus Fondos de Cesantía; sumado al descrédito de las autoridades y la manipulación de la información . Paulatinamente comienza a desarrollarse la idea que desde los fondos previsionales acumulados en las AFP, que es dinero nuestro, pueda  retirarse el 10% para sobrellevar la emergencia y dramática situación que viven los chilenos, así lo entendió la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas, quienes en la votación del miércoles 8 de la semana pasada, aprobaron con 95 votos dicha moción (se requieren 3/5 votos, aprobado por toda la oposición, 9 RN y 4 UDI), 31 en contra y 25 abstenciones; Sin embargo, quedó para el martes 14 de julio la discusión en particular de los  dos puntos y que terminó al día siguiente, miércoles 15, cuando se votó. Lo que se aprobó es el retiro voluntario del 10% de los fondos de cada uno (Toda la oposición, 8 RN y 5 UDI), y el reintegro posterior fue rechazado pero se puede reponer en el Senado, quedando el proyecto de la siguiente manera:

I RETIRO VOLUNTARIO (Aprobado)

  • Retirar un mínimo de 35 UF ($1.000.000 aproximadamente)
  • Tope máximo de 150 UF ($4.300.000 aproximadamente)
  • Si el 10% de los fondos acumulados es menor a 35 UF, la persona podrá retirar hasta dicho monto
  • Si los fondos acumulados son inferiores a 35 UF, el afiliado podrá retirar todos los fondos acumulados
  • Serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuentos por parte de las administradoras de fondos de pensiones
  • El 50% en un plazo máximo de 10 días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva AFP a la que pertenezca el afiliado
  • El 50% restante, en el plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior

II REINTEGRO (Rechazado)

  • Para su reintegro incluye la creación del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, espacio que se financiará con aportes de los empleadores y del Estado, y cuyo objetivo será financiar, bajo criterio de progresividad, complementos de pensiones producto de los montos retirados.
  • Será el Presidente de la República en el plazo de un año desde publicada esta reforma constitucional quien enviará un mensaje al Congreso Nacional en el cual se propondrá la forma y financiamiento del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones. «La administración del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones será realizada por una entidad pública y autónoma de forma directa y solidaria, procediendo al momento de la jubilación del afiliado a complementar la pensión en la forma que señale la ley respectiva con el objeto de que el retiro de fondos que autoriza esta reforma constitucional no afecte el derecho a la seguridad social establecido por esta Constitución».

De nada sirvió la tardía e insuficiente propuesta alternativa del gobierno entregada el martes 14 de julio, que lo único que evidenció es que el gobierno solo está dispuesto a entregar más solo cuando se ve afectados los intereses de los poderosos grupos empresarios, quienes mayoritariamente usan nuestros fondos, solo 1/3 de ellos son para protección social (nuestras pensiones) y la mayoría restante lo utilizan los empresarios como préstamos baratos para sus negocios, más del 26% de los fondos están en manos de 16 grupos económicos y más del 18% de los fondos están en poder de bancos privados.

(Ver: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2020/04/AFP_PARAQUIEN_VF0424.pdf)

Los principales argumentos utilizado por los representantes de los grandes empresarios fueron que era un proyecto regresivo, que hacía más pobre las futuras pensiones y que se alteraba la institucionalidad. Sin embargo, respecto a los dos primeros argumentos, nada dijeron cuando el gobierno implementó el uso de los Fondos de Cesantía, ya que aun cuando se podía sostener lo mismo, dichos Fondos no pueden ser utilizados por los grupos empresariales, entonces no había que defenderlo; respecto a la vulneración de la institucionalidad, ya que mediante un resquicio o subterfugio  se le quita la exclusividad al Presidente de la República de ser el que puede presentar proyectos, es importante señalar que cuando la institucionalidad y normativa vigente no da cuenta y se opone a la voluntad y soberanía del pueblo, comienzan a surgir los resquicios y subterfugios para satisfacer las necesidades.

Finalmente, una vez más invocaron el argumento de la violencia e intentaron imponer una condición de censura. Sin embargo no son capaces de mirar que la crisis económica y social ha derivado en política por la tozudez  de mantener las condiciones de endeudamiento y pobreza en que se encuentra la ciudadanía y que los obliga a protestar, teniendo como respuesta la criminalización de las movilizaciones y aparte de la violenta represión se suma el intento de legislar para proscribirlas.

 

Imagen extraída de eldesconcierto.cl